PAMI aprobó un manual para regular proyectos y herramientas de IA, proteger datos sensibles y evitar decisiones automatizadas sobre tratamientos, medicamentos o prestaciones.
PAMI estableció un marco obligatorio para el uso de inteligencia artificial en sus áreas y proveedores, con evaluación previa, protección de datos sensibles y supervisión humana sobre decisiones que puedan afectar a sus afiliados.
Los proyectos deberán ser evaluados antes de operar
El manual alcanza a desarrollos institucionales y al uso individual de asistentes por parte del personal. Cada iniciativa deberá pasar por una revisión formal y sólo podrán utilizarse plataformas habilitadas para las tareas del organismo.
PAMI creó un Comité de Ética de Inteligencia Artificial integrado por perfiles técnicos, jurídicos, médicos y de seguridad informática. El comité podrá aprobar proyectos, solicitar ajustes o rechazarlos según sus riesgos y controles.
La decisión final permanece en manos de personas
El principio central es que ningún sistema automatizado puede decidir por sí solo el acceso a tratamientos, medicamentos o prestaciones. La responsabilidad institucional y profesional no se transfiere al algoritmo.
Las soluciones que ya se encuentren en uso estarán sujetas a seguimiento periódico y podrán suspenderse si aparecen errores, sesgos o problemas de seguridad. Esta revisión continua reconoce que el comportamiento de una herramienta puede cambiar con nuevos datos, modelos o integraciones.
Protección de información sensible
El personal no podrá cargar datos confidenciales en servicios que no ofrezcan garantías adecuadas. Los datos personales deberán anonimizarse siempre que sea posible y cada uso necesitará intervención de las áreas de protección de datos y asuntos jurídicos.
El marco toma como referencia los controles promovidos por la Sindicatura General de la Nación. La adopción de IA en salud pública necesita combinar innovación, trazabilidad, seguridad y capacidad real de revisión humana.
La medida representa un paso concreto de gobernanza: antes de medir cuánto automatiza una herramienta, la institución define qué decisiones no puede delegar y qué evidencias necesita para autorizar su funcionamiento.
